Aunque se da por sentado que Thomas Greg & Sons terminará fabricando los pasaportes de Colombia hasta septiembre de 2025, pese a que el contrato actual acaba el 3 de octubre de este año, hay dos aspectos que ponen un manto de duda sobre esta posibilidad.

El primero es la forma en que la Cancillería podrá extender el contrato. 

Según el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, la emergencia manifiesta es una opción, sin embargo, para ir por esta vía el Gobierno debe explicar de manera perfecta la razón económica, técnica y jurídica.

“Como se requiere garantizar la continuidad del servicio, todo indica que lo que tenemos que extender es una urgencia manifiesta. Si no, tendríamos que acudir a nuestros nuevos socios para que produzcan los pasaportes afuera, que no es nuestra preferencia. Queremos que se produzcan acá y está la planta de Thomas Greg”, afirmó Murillo a El Tiempo.

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No obstante, dentro de la urgencia manifiesta también habría que explicar por qué el Gobierno no hizo una segunda licitación y hasta ahora lo que ha esbozado Murillo es que esta se había hecho “tipo lastre” (a la medida de Thomas Greg & Sons), por lo que la canceló.

Si esta argumentación es compleja para replicar lo que hizo el anterior canciller Álvaro Leyva, hay otro pero que podría enredar más el futuro de esta negociación: la demanda.

Thomas Greg & Sons tiene demandado al Estado por declarar desierta la primera licitación que ganaron para expedir los pasaportes. El monto que exige la empresa es de $116 mil millones.

Aunque las partes han tenido reuniones, el propio Canciller dijo que “es un tema más difícil, no hemos tenido los avances que quisiéramos”.

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Murillo también le manifestó al Congreso que el aliado internacional para la fabricación de los pasaportes es Portugal, que durante 10 años realizará esta labor y finalmente le dejará al país una planta para expedir este documento.

Según El Tiempo, la Casa de la Moneda de Portugal eligió a la firma colombiana Cadena como su socio para este proceso, no obstante, hay dudas en el sector por la posibilidad de que esta empresa antioqueña obtenga un contrato de 10 años, lo que podría enmarcarse en un posible monopolio.